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La derrota legal del gobierno federal en el juicio de amparo que promovió el comisariado ejidal de Santa Ana Tepetitlán contra el decreto presidencial de La Primavera, que despojó de protección 552 hectáreas de bosque, deja un sabor amargo en la comunidad académica, que lo ve como prueba de las desatenciones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) al proceso.Pero más que el hecho, lo que significa.
Con los argumentos que hizo valer Santa Ana Tepetitlán (juicio de amparo 413/2001-3, revisión 465/2007) se puede perder el decreto de La Primavera en casi 80 por ciento de la demarcación, pues apenas alrededor de seis mil hectáreas son de propiedad pública; peor aún: 85 por ciento de las casi 23 millones de hectáreas protegidas del país son propiedad particular, ejidal o comunal, lo que habla de la trascendencia de ese trámite judicial resuelto el pasado 27 de junio por el Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, “en contra de los intereses de la sociedad” (Público, 7 de julio de 2008).
¿Cuál es el camino a seguir? Enrique Jardel Peláez, miembro del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas; Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), y Arturo Curiel Ballesteros, presidente para Mesoamérica de la comisión de educación y comunicación de la Unión Mundial de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés), coinciden en la urgencia de que la autoridad dé una “repuesta contundente” que ofrezca certidumbre jurídica a las reservas ecológicas. Porque en caso contrario, los riesgos son altos.
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