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Acusan a la CEA de discriminación; despidió a empleada de laboratorio por discapacidad

Jorge Covarruvias – LA JORNADA

A María Guadalupe Gordián Gómez la despidieron de su empleo por defender sus derechos laborales y también por discriminación, ese fenómeno que no ha sido desterrado en la entidad y que a veces es impulsado desde las propias instituciones.

Uno de los funcionarios de la Comisión Estatal del Agua (CEA), para la cual trabajó por cinco años hasta el pasado primero de octubre, le dijo textualmente: “Me dijeron que una persona como yo ya no les servía para nada… Tú ya no nos sirves”, se refirió a Martín Martínez Ríos, gerente de laboratorio.

Guadalupe camina de manera lenta balanceándose un poco hacia la derecha y utiliza un bastón para sostenerse. En junio de 2004 le colocaron una prótesis total de cadera derecha debido a que le detectaron coxartrosis, un padecimiento que se caracteriza por el desgaste del cartílago que divide a la cadera de la cabeza del fémur.

Durante la administración pasada, que encabezó Enrique Dau Flores, su discapacidad nunca fue impedimento para desempeñarse, ya que su trabajo no implica actividades físicas. Como técnico químico industrial, su labor consistía en el análisis de las muestras de agua que llegan a la institución en el área de laboratorio.

En el 2007, Guadalupe fue sometida a una segunda intervención quirúrgica debido a una falla en los tornillos que propició el desplazamiento de su prótesis, de la cual no responsabiliza a ningún médico.

En lo que se refiere a la defensa de sus derechos laborales, María Guadalupe se negó a firmar un
contrato que modifica el horario de los empleados para sujetarlos a una jornada más extenuante y un horario que queda a las “necesidades propias de la CEA”.

No fue la única en quejarse, varias de sus compañeras que son madres o se encuentran estudiando protestaron y enviaron un escrito al Instituto Jalisciense de las Mujeres para que interviniera. El grupo comisionó a Guadalupe para entregarlo directamente en las oficinas del organismo; sin embargo, estando ya en la recepción, una de las burócratas le dijo que sin el nombre de las ofendidas no aceptaba el comunicado, así que puso el suyo.

“(El cambio de horario) trajo consigo una cantidad de problemas, viéndonos las madres de familia muy afectadas, ya que implicó descuidar a nuestros hijos, nuestra familia: los gastos de las guarderías incrementaron por el pago de horas extras, o bien, tuvimos la necesidad de dejar solos a nuestros hijos en casa sin poder estar al pendiente de ellos. Varias de nosotras tenemos hijos adolescentes y no sabemos qué hacen o dónde están cuando no estamos presentes”, exponen las madres afectadas en el oficio, y añaden que la crisis económica del país no les permite darse el lujo de renunciar.

Y es que la CEA propuso un horario quebrado de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas con la amenaza de que si no aceptaban comenzaría a hacer despidos.

La carta no tendría mayor significancia de no ser porque el Instituto de las Mujeres reveló a la CEA la identidad de Guadalupe Gordián, según constató la misma afectada en su diálogo con las autoridades, quienes se valieron de esto para añadir otro motivo a su despido.

La mujer se había reincorporado a su trabajo después de unas vacaciones y exactamente el primero de octubre, cuando ingresó a las instalaciones para cumplir con su jornada de trabajo, la detuvieron en el acceso y media hora más tarde le llamaron para firmar su renuncia y finiquito.
“Pedí una explicación, no me la dieron y hasta ahorita no me la han dado, no me han hablado para nada”, dijo.

La explicación no es lo único que le deben a Guadalupe, también la última quincena que laboró en la institución y un bono por el Día del Servidor Público. Para comprobar lo que dice, muestra el recibo del cajero automático que sacó el pasado 29 de septiembre, fecha en la que debieron depositarle al menos 5 mil pesos.

Guadalupe se negó a firmar el contrato porque en las mañanas estudia Medicina, carrera que está a punto de concluir en la Universidad de Guadalajara.

El tema ya está radicado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ); sin embargo, este organismo ha tardado un poco en emitir una resolución debido a que le pidió a Guadalupe que presentara un testigo de los hechos.

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