Esta aqui:Inicio » Naturaleza » Uncategorized » CEDHJ: el gobierno del estado debe abstenerse de hostigar a los pobladores de Temacapulín

CEDHJ: el gobierno del estado debe abstenerse de hostigar a los pobladores de Temacapulín

Mauricio Ferrer – LA JORNADA JALISCO

El gobierno del estado debe abstenerse de realizar “actos de molestia y hostigamiento” en contra de los pobladores de Temacapulín –donde se lleva a cabo la construcción de la presa El Zapotillo–, en tanto no se concrete una consulta pública entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los pobladores del lugar, así como dos proyectos alternativos a la obra que promueven las autoridades de la entidad, según lo señaló ayer el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, en el pronunciamiento 5 de 2008.

“El derecho humano al desarrollo forma parte de los derechos conocidos como de la tercera generación. El progreso sostenible, sustentable, equitativo y participativo se logrará a través de un trabajo serio y democrático que favorezca no sólo a las grandes ciudades o a las grandes corporaciones, sino que impulse a las pequeñas comunidades, salvaguardando sus derechos”, fue el preámbulo de Alvarez Cibrián.

Se trató de un pronunciamiento a las autoridades estatales, no así de una recomendación: “no se ha concluido la investigación. Es una revisión del procedimiento y, con el espíritu de prontitud es por ello que nos pronunciamos. Si nos esperamos (a una recomendación) sería lamentable y podrían presentarse violaciones a los derechos humanos”, aclaró.

La CEDHJ inició un acta de investigación por las posibles violaciones a las garantías individuales de los pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, en virtud de que, mediante la firma de un acuerdo por parte del gobierno del estado se había adquirido un compromiso con Guanajuato y con la Conagua para construir la presa El Zapotillo. Dicho proyecto implica inundar por completo a Temacapulín.

“Esta acción, en caso de llevarse a cabo, vulneraría, además de sus derechos a la propiedad, posesión, patrimonio cultural y antropológico, el derecho a la participación ciudadana en proyectos que implican una afectación a toda una comunidad”, señaló Alvarez Cibrián.

Narró que se le solicitaron medidas precautorias al titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), el panista César Coll Carabias, y al director del organismo de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, que consistían en una convocatoria abierta a la sociedad para que ésta externara sus puntos de vista.

La respuesta de las dependencias fue que dichas consultas se habían efectuado. En la primera que sostuvieron con los lugareños ambas instituciones se llegó al acuerdo de programar la recepción de ponencias y de preguntas de los interesados. Pero no había para tal labor, un comité encargado, según documentó la CEDHJ. En esa misma reunión, todavía no había surgido la propuesta de la ampliación de la cortina de la presa.

Posteriormente, se celebraron reuniones con los habitantes de Temacapulín y de Cañadas de Obregón los días 4, 5 y 22 de septiembre de 2007. Las sesiones sólo fueron informativas, así lo declararon al organismo defensor los lugareños quienes, mediante las mismas, supieron que se verían afectados en su patrimonio.

“Incluso algunos asistentes, entre ellos un sacerdote oriundo de Temacapulín, manifestaron que el tono utilizado por las autoridades fue amenazador y no de diálogo. Agregaron que en una reunión sostenida en Casa Jalisco, a pesar de que los habitantes manifestaron su oposición con la ampliación del proyecto inicial, que era realizar la presa a una altura no mayor de 75 metros, les dijeron que el proyecto era definitivo y que no se daría marcha atrás”, relató el ombudsman.

De acuerdo con el titular de la CEDHJ, se le hizo hincapié a Coll Carabias de que las reuniones informativas no atendían a lo que promueve la Carta Magna de México, las eyes general y estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la legislación de Aguas Nacionales ya que no recabaron la opinión de los interesados.

Así, en diversas ocasiones, personal de Derechos Humanos acudió al poblado. Ahí, recibió un escrito de queja firmado por 171 personas quienes manifestaron su oposición a El Zapotillo. Los argumentos que expresaron fueron desde “la falta de respeto a la vida, a la historia, a la cultura de la comunidad, además del perjuicio que se provocaría en diversas edificaciones con valor histórico y antropológico, entre ellas el templo de la Virgen de los Remedios, que, según documentos presentados por los quejosos, fue concluido en 1759”.

Ante esto, la CEDHJ solicitó información al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Dicho instituto contestó que no se había autorizado la reubicación del centenario templo.

“Esta Comisión se ha percatado de que las autoridades del gobierno del estado intentan evadir su responsabilidad y participación en el proyecto”, apuntó el ombudsman.

Más: “de las últimas acciones realizadas en torno al proyecto de El Zapotillo se advierte que el gobierno del estado y la Conagua han ejercido acciones de presión hacia los pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, las cuales confunden a sus habitantes y provocan incertidumbre no sólo de trascendencia jurídica, sino social y moral, con consecuencias más allá de las materiales, que han afectado su vida y salud, sobre todo de personas de la tercera edad, cuyo porcentaje es alto en esa región”.

Para tales afirmaciones, Alvarez Cibrián se basó en que han sucedido “acciones coercitivas como la instalación de lonas, carteles y espectaculares en el quiosco de la plaza principal para notificar a la población la reubicación de la comunidad, a pesar de existir un acuerdo verbal con el titular del Poder Ejecutivo de que no se llevaría a cabo la construcción si la mayoría de los pobladores afectados no estaban de acuerdo, hacen ver que han sido relegados, en lugar de ser escuchados y de que se les hayan facilitado los medios para promover su participación en el proyecto”.

La presencia de maquinaria pesada a las orillas del río Verde, sitio donde se pretende erigir la cortina de la presa, es otra prueba que presentó el ombudsman.

“Esto significa un acto de arbitrariedad, contrario a los principios democráticos que prevé nuestra legislación”, concluyó.

Scroll to top