Esta aqui:Inicio » Naturaleza » Uncategorized » “Conservar le cuesta al dueño, no al gobierno”

“Conservar le cuesta al dueño, no al gobierno”

Propietarios de bosques, inconformes con políticas sobre reservas ecológicas

El establecimiento de áreas naturales protegidas es un tema polémico porque trae regulaciones al uso de propiedades legalmente constituidas; los dueños reclaman ser escuchados e incluidos en los procesos, pero hay posturas más enconadas que consideran las reservas como violación a sus derechos constitucionales

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio


No es para menos: si un decreto gubernamental va a cambiar la vida y la forma de ganársela de quien tiene el dominio de un pedazo de bosque o selva, lo menos que se puede exigir es que las autoridades se tomen la molestia de explicar y convencer, de justificarlo legalmente, de ofrecer compensaciones y garantías suficientes, de disipar ese fantasma de “perdedor” que para muchos propietarios es todo aquél que habita las áreas naturales protegidas.


Lo cierto es que “conservación de naturaleza a la mexicana es en terrenos de personas, familias y grupos [comunidades, ejidos]. A las personas no se les pregunta si quieren conservar; si tienen posesión y dominio de tierras legalmente rurales están obligados a conservar si les tocó estar en cualquier modalidad de área natural protegida. La gente conservará lo que esté a su alcance y medios, sea o no suficiente para lograr lo que se desea”, señala el profesor investigador del Colegio de Postgraduados, Martín Alfonso Mendoza Briseño.


Este experto, con estudios en las universidades de Chapingo, Idaho y Washington, ha trabajado en diversas instituciones gubernamentales del país, en el sector forestal, pero en esta ocasión apoya a los productores forestales de la región Sierra Occidental, quienes han pasado de una oposición inicial a la recategorización de una vieja reserva ecológica en la zona del río Ameca (protección del distrito de riego 043), a una recelosa colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), bajo la promesa de que intervendrán en la elaboración del programa de manejo de la nueva área de protección de recursos naturales.


Mendoza Briseño es considerado por muchos madereros de la región Ameca-Mascota como el vocero ideal que refleja las posiciones del sector.


Se trata “no de oponernos rotundamente por todos lo medios a la recategorización, sino intentar cambiar el sistema obsoleto que actualmente rige el manejo y administración de las áreas naturales protegidas en el país, por uno más participativo y proactivo con índices y mediciones internacionales”, señala por su parte Alejandro Lovera Ruiz, productor forestal de San Sebastián del Oeste y ex vicepresidente de esa demarcación últimamente famosa por sus bosques y su patrimonio cultural.


En otras áreas de Jalisco, como la sierra Huichola, hay también a futuro la tentativa de recuperar el área protegida del distrito de riego 043. Marco Montaño, propietario en Bolaños, considera el hecho una imposición violatoria de las garantías individuales: “no puedo considerar aceptable que el gobierno me diga lo que yo debo hacer con mis bienes, como si fuera una expropiación […] por supuesto que me interesa conservar la vida natural, pero eso es un proyecto que ya estoy realizando por mi cuenta; si quieren los predios para área protegida, que los paguen entonces a su precio real, con gusto se los vendo”, exclama irritado.


Las inconformidades han hecho eco en diversas organizaciones de los propietarios. Julián Orozco González, ex presidente de la Federación Nacional de Propietarios Rurales (adscrita al PRI), advierte que se están analizando los caminos legales adecuados para enfrentarlo, porque aparte de la “resurrección” del área protegida del distrito de riego 043, hay varios expedientes nuevos como la reserva ecológica El Edén (Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán), la reserva del bosque de arce (en Talpa y Tomatlán), o la de los cañones de los ríos Verde y Santiago (en diez municipios al norte y poniente de Guadalajara).


Orozco González coincide con Marco Montaño en la necesidad de acudir a los tribunales para definir de una vez la controversia, “porque como están las cosas, están sacrificando a los propietarios y la gente de las ciudades ni siquiera es consciente de los beneficios que se le proveen desde los bosques; cómo va a compensar entonces a sus dueños de forma adecuada”.

El experto

Martín Alfonso Mendoza Briseño envió a este diario su reflexión sobre el tema de las áreas protegidas, bajo la advertencia que es su punto de vista sobre una “discusión colectiva” que se ha susucitado en la región Sierra de Occidental de Jalisco a raíz de que la Conanp anunció que retomaba el decreto de 1949, publicado por Miguel Alemán Valdés (recategorizado en 2002 como “área de protección de recursos naturales).


“Conservación de la naturaleza en el mundo [excepto México] es algo que es responsabilidad de los gobiernos, generalmente cumplida mediante tierras de propiedad gubernamental donde una burocracia hace lo que puede por cumplir las metas imposibles de darle gusto a todo mundo sin poner en peligro lo natural del terreno”.


Sin embargo, en México “le cuesta al dueño conservar, no al gobierno. Hay subidios a la conservación pero no son ni compensación ni son proporcionales al valor de lo conservado. El usuario final que goza de los beneficios producto de la conservación no sabe que es usuario, tampoco sabe el valor del servicio y no paga costo alguno, ni aporta a los subsidios [al menos no paga más que los que no son usuarios o beneficiarios]”, añade.


El experto forestal destaca que para el área protegida del río Ameca (ver Público, 8 a 11 de julio de 2007) “los propietarios y otras agrupaciones e instituciones han ofrecido a la Conanp colaborar con la elaboración y ejecución de los programas de conservación y estamos por definir detalles concretos de esta participación […] la política deseable en el proceso de puesta en marcha de esta y otras ANP es informando y permitiendo participación abierta de pobladores, propietarios, poseedores, industria, afectados, interesados, academia y autoridades locales.


Esta postura ha sido recibida con buenos ojos por la Conanp, pero no se ha pasado aún a emprender acciones de este tipo en forma oficial. Los hechos recientes hacen prever que se logrará materializar este tipo de propuestas, y estamos atentos para facilitarlo”.


Mendoza Briseño reconoce que un proyecto de esta envergadura (la reserva recategorizada se extiende sobre 354 mil hectáreas de Jalisco y Nayarit) podrá tener resultados diversos y no dejará contentos a todo. “No es razonable esperar un éxito universal satisfactorio a todo mundo ni habrá situaciones acabadas a las que no se pueda responder o modificar después. Tener mentalidad plural, favorecer la diversidad de posturas, la tolerancia y convivencia entre todos los involucrados en este asunto es algo abiertamente sano y deseable que todos debiéramos imaginar como posible”, señala conciliador.

El problema legal


Martín Mendoza también profundiza en el problema legal de las reservas.

“La constitución mexicana dice que las tierras [y por cierto también los recursos naturales] en territorio nacional son propiedad de la Nación […] la Nación tiene el derecho de otorgar en concesión las tierras a los particulares; eso en castellano significa otorgar dominio y posesión de la tierra a dueños o poseedores”.


Derivado de esto, “un problema gordo de la justicia agraria y la ambiental es que la Nación se reserva el derecho de imponer modalidades a la tenencia de la tierra, como por ejemplo reglas de zonificación llamadas áreas naturales protegidas. Esta reserva es incondicional y sin responsabilidades, excepto en caso de expropiación. El Estado no tiene obligación de actuar con justicia, o sea de compensar su “impacto nomativo” [taking se llama en derecho internacional]”.


Entonces, agrega, “no da igual estar adentro o afuera de un ANP. Personas que tienen derechos pueden estar adentro, otras afuera y se les trata esencialmente igual; incluso los subsidios se dan adentro más que afuera, pero sin ser obligación darlos. Un predio que cambia de estar afuera a estar adentro de un ANP nueva por ese solo hecho baja de valor en todo sentido de la palabra valor, de donde nace la noción de impacto normativo, y eso implica que la Nación le quita al dueño o poseedor algo de la riqueza que antes le había dado, y no lo compensa por ello. Esta desventaja no ocurre con los que estaban afuera y quedaron afuera al establecerse nuevas ANP”.


A juicio del experto del Colegio de Postgraduados, “moralmente el Estado está obligado a compensar su impacto normativo para poner en condiciones de equidad a los que están adentro respecto a los que están afuera de cada nueva ANP. Además, se deduce que si el impacto normativo fuese superior al valor del predio, el Estado está obligado moralmente -con leyes o sin leyes- a ofrecer comprar el predio a precio de mercado previo a la declaratoria de ANP, a quien no quiera entrar o a quien se quiera salir de un ANP y no encuentre comprador que pague ese precio desregulado”.


Y enumera otra serie de problemas que arrastra el diseño de las áreas protegidas mexicanas, “como el valor marginal de las prácticas de conservación de uno o de otro tipo y tecnología, y el problema de la variabilidad natural inseparable de la variación causada por los efectos de las acciones de personas sobre los terrenos que se desea conservar”.


También “hay confusión entre lo que es un terreno con ambiente natural, y los efectos de este terreno sobre el ambiente de las personas, y eso da lugar a poner objetivos irracionales a muchos programas de conservación mexicanos […] suena técnico y confuso, pero su resultado es simple, no cualquier programa de conservación y manejo de ANP da igual”.


Sin embargo, señala que en el caso de la reserva del río Ameca se espera evitar estos problemas porque “existe la voluntad de autoridades e involucrados de la zona de llegar a trabajar juntos las propuestas para manejar el ANP en formación; en ese espacio de decisiones se podrán poner en la mesa las propuestas tecnológicas que mejor resultado pudieran tener en conservar de verdad y no solo en apariencias o en papel: midamos lo que hay ahora, midamos lo que pase con el tiempo y separemos lo atribuible a las acciones y previsiones conscientes de manejo responsable de los espacios naturales”.


Seguro tardará en madurar, “mientras, propongo dos hipótesis por demostrar: uno, conservación pasiva es demagogia, conservación activa es manejo responsable; dos, en cualquiera de los dos casos, el villano es el gobierno federal [especialmente el poder Legislativo], por su negligente actitud al evadir la responsabilidad de ofrecer a la sociedad servicios públicos de alto interés nacional, como el poseer y manejar directamente al menos unos pocos lugares del territorio mexicano que sean los más frágiles, menos fértiles, o más importantes que aún hay […] los particulares, personas, familias y comunidades hacen lo que pueden, pero las condiciones ecológicas objetivas dicen que eso no es suficiente”, concluye el asesor de los propietarios.

Frases

“Como están las cosas, están sacrificando a los propietarios y la gente de las ciudades ni siquiera es consciente de los beneficios que se le proveen desde los bosques; cómo va a compensar entonces a sus dueños de forma adecuada”

Julián Orozco González

Ex presidente de la Federación Nacional de Propietarios Rurales


“Por supuesto que me interesa conservar la vida natural, pero eso es un proyecto que ya estoy realizando por mi cuenta; si quieren los predios para área protegida, que los paguen entonces a su precio real, con gusto se los vendo”

Marco Montaño – Propietario en Bolaños


“Un predio que cambia de estar afuera a estar adentro de un ANP nueva, por ese solo hecho, baja de valor en todo sentido de la palabra valor, […] y eso implica que la Nación le quita al dueño o poseedor algo de la riqueza que antes le había dado, y no lo compensa por ello”

“[En México] le cuesta al dueño conservar, no al gobierno. Hay subsidios a la conservación, pero no son compensación ni son proporcionales al valor de lo conservado. El usuario final no sabe que es usuario, tampoco sabe el valor del servicio y no paga costo alguno, ni aporta a los subsidios”

Martín Alfonso Mendoza Briseño

Profesor investigador del Colegio de Posgraduados

Scroll to top