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El gobierno ya se amparó por el predio de Las Joyas

Juicio se suma al de la UdeG por sostener predio en sierra de Manatlán; piden echar abajo resolución irregular del juez segundo de lo Civil, que les arrebata el terreno a favor de particulares con escrituras canceladas hace 20 años
Un detalle del paisaje en el predio Las Joyas, dentro de la valiosa reserva de la Sierra de Manantlán.

Un detalle del paisaje en el predio Las Joyas, dentro de la valiosa reserva de la Sierra de Manantlán. Foto: Marco A. Vargas

Guadalajara • Dolores Reséndiz/Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO 

El pasado 17 de febrero fue admitida la demanda del gobierno de Jalisco ante la justicia federal por la violación de sus garantías como propietario del predio Las Joyas, donde se ubica la estación científica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), de cual se le pretende despojar con una resolución civil “irregular”, dijo ayer el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez.

El juicio de amparo “se interpuso como propietario de Las Joyas, y esperamos que sea acumulado al que interpuso la Universidad de Guadalajara [UdeG] como posesionaria […] Estamos confiados en que esta acción será suficiente; el día de ayer [17 de febrero] fue admitido y será acumulado a la acción de defensa de la casa de estudios; ellos están responsabilizados de la defensa del predio de acuerdo al comodato que les da posesión”, indicó.

Dijo estar confiado “de que estas acciones legales permitirán la cancelación de la sentencia con la que, en forma irregular y sospechosa, se pretendía entregar estos predios a personas ajenas”.

Descartó la posible violencia de los beneficiarios con la resolución del juez segundo civil de Autlán. “Yo creo no es una zona donde pueda darse un abuso de particulares; no necesitamos plantear un gran operativo, las acciones legales están promovidas y confiamos en que prosperarán […] No hay invasión o incursión que temamos; hubo un proceso amañado, en donde no se nos notificó al posesionario ni al estado, pero no esperamos una acción, pues, para tomar posesión del predio, requerirían auxilio de la fuerza pública, y ésta la tiene el estado, y está en defensa de las instituciones e intereses públicos”.

La demanda estatal fue presentada desde el 4 de febrero al juez de distrito en materia civil de turno por Tomás Coronado Olmos, “en su carácter de procurador general de Justicia del Estado de Jalisco y representante a nombre del gobierno”, señala el texto de la demanda, a que tuvo acceso este diario.

El gobierno comparece en calidad de “tercero extraño al juicio civil ordinario de prescripción positiva o usucapión, registrado bajo número de expediente 749/2006”, en el cual nunca fue llamado como propietario, y se otorgó a un grupo de solicitantes, que viven en Ahuacapán, municipio de Autlán, casi 2,600 hectáreas correspondientes a Las Joyas (900 ha), la propiedad privada Ex Hacienda de Ahuacapán (1,300 ha) y el ejido del mismo nombre (400 ha), reconocimiento de posesión que se basa en unas escrituras canceladas hace más de 20 años (Público, 22 y 23 de enero de 2009).

“Se comparece ante el juez de distrito a promover juicio de garantías indirecto pidiendo el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos y de las autoridades que se indican en la demanda […]”. El acto reclamado: “…la sentencia ilegal contraventora del orden de derecho constitucional federal y estatal, pronunciada por el c. juez Segundo de lo Civil, perteneciente este al décimo segundo Partido Judicial del estado de Jalisco […] con fecha del 3 de julio del año 2008; decretos, autos y toda actuación judicial realizada dentro de su correspondientes actos jurisdiccionales que realizaron en el juicio civil ordinario de prescripción positiva o usucapión, registrado bajo número de expediente 749/2006”, añade el documento.

El gobierno de Jalisco señala que se tuvo conocimiento de los actos el 15 de enero de 2009, según el oficio AG./0282/2009 enviado por el Consejo General de la UdeG.

El Ejecutivo también pide “dar la entrada al incidente de suspensión, concediéndosele […] la suspensión provisional de los actos reclamados a fin de que no se realicen movimientos de cancelación o inscripción de lo sentenciado por la ordenadora responsable en el Registro Público de la Propiedad número 5” de Autlán, así como en las cuentas catastrales de esa demarcación.

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