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Escrituras revelan nuevas anomalías en El Ahogado

Ejido El Zapote anuncia acciones legales contra los involucrados.

El gobierno de Francisco Ramírez Acuña intentó construir plantas de tratamiento de agua en El Ahogado. Foto: Iván García

Esperanza Romero – PÚBLICO

Confirmado. Con la escritura 22,575 expedida por Miguel Rábago Preciado, notario 42 de Guadalajara, inscrita simultáneamente con la 22,576, relacionadas con las 22 hectáreas en El Ahogado que un particular vende a la empresa Agrodesarrollos del Pacífico y que el mismo día el gobierno de Jalisco adquiere, se ratifica que detrás de la operación que encabezó el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, en 2004, está el empresario Ernesto Ramírez Godoy, alias el Chiquilín. Se pagaron 15.3 millones de pesos por un terreno que nunca fue entregado al gobierno y que está en posesión del ejido El Zapote, el cual goza de una suspensión judicial para no ser desposeído.

Con la exhibición de las escrituras (a través del juicio de amparo que los ejidatarios promovieron), salieron a la luz otras irregularidades graves en que están involucrados ex funcionarios de la pasada administración y de la actual, ya que fueron alteradas las medidas y colindancias del predio. Las escrituras fueron inscritas ante el Registro Público de la Propiedad (RPP) dos años después, hasta agosto de 2006.

El ejido impugnará las escrituras y pedirá que se rescindan, de manera que el dinero “que fue desviado” retorne a la hacienda estatal, informó Pedro León Corrales, abogado de El Zapote. Se impugnará la inscripción ante el RPP y pedirán sanciones a los funcionarios que la realizaron, pues la escritura está viciada de origen, porque proviene de una compraventa que quedó nula desde 1937 (con la ampliación a la dotación de tierras otorgada por la presidencia de la República) “pero además se alteraron las medidas y colindancias, por lo que esto no debió ser inscrito”. Asimismo, el abogado pedirá dar vista al Ministerio Público federal “por los delitos que tengan que ver con el juicio de amparo, que es la falsificación de documentos ante un tribunal”.

En cuanto a los delitos que menciona, indicó que, al hacer la inscripción de la escritura 22,575, se anexó un croquis elaborado a mano y sin escala (del que Público tiene copia), “pero con coordenadas UTM, que felicitamos al perito porque en un croquis sin escala y a mano no puede tener exactitud para estas coordenadas, que se elaboran con GPS [sistema de localización satelital] y exactitud”.

Rogelio Aguilera Arizaga es el perito que realizó el croquis esquemático y será denunciado por el ejido, porque “las medidas y colindancias son cuatro líneas rectas: al norte, al sur, al este y al oeste, pero, de acuerdo con la escritura de lo que se adquiere, en el croquis, se establecen 16 líneas con vértices curvos, siempre suroeste o sureste”, comentó León Corrales.

¿La razón?, se le inquirió al abogado de los ejidatarios, quien, sin titubeos, respondió: “Esto implica que se pretende localizar el predio en otro punto. Alterar las medidas y colindancias de un predio, materia de una compraventa, es un delito grave, porque el croquis debe corresponder a las medidas y colindancias, a su ubicación real. Y el notario, que solicita la inscripción; el director del RPP, que registra la compra alterada en su ubicación, y los que hacen la compraventa [los que adquieren] con una alteración a modo del terreno, así como el vendedor, que es el apoderado de la empresa y que era funcionario y amigo de Ramírez Acuña, tienen responsabilidad”, aseguró.

En cuanto a la posible responsabilidad de funcionarios de la actual administración, refirió que el documento fue exhibido en un juicio de amparo, “y en ese sentido incurren en responsabilidad los actuales funcionarios de la Comisión Estatal del Agua [CEA], que avalan la validez de estos documentos”.

El asesor jurídico de los ejidatarios puntualizó que el problema de fondo es que las autoridades federales, concretamente la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), autorizaron el saneamiento en El Ahogado, en el municipio de El Salto, a través de la operación de plantas de tratamiento, “pero no para comprar un terreno en otro lado [en la cuenca, pero en el municipio de Tlajomulco]”, situación que se dio por el interés de hacer negocios inmobiliarios en la zona y especular con los terrenos.

A los ojos de León Corrales, se trata de un claro desvío de recursos, “con otro problema: que el dinero lo recibió el apoderado de la empresa, el Chiquilín, vinculado al gobernador. Así, lo que planteamos es que el gobierno del estado rescinda el contrato de compraventa y reincorpore al erario los 15.3 millones de pesos, porque hay un cláusula de evicción, que el vendedor no entregó ningún terreno al gobierno porque lo tiene El Zapote”, sentenció.

El Zapote se amparó contra el acuerdo del ex gobernador en que “pretendió” poner a disposición de la CEA las 22 hectáreas que le compró a la empresa Agrodesarrollos del Pacífico, cuyo apoderado es Ernesto Ramírez Godoy.

Recordó que el Ejecutivo no puede construir la planta de tratamiento de aguas residuales en El Ahogado, pues en 2006 venció el permiso otorgado por Semarnat, y tampoco tiene autorización para hacerla en Tlajomulco.

Carambola de tres bandas

• Se complican las cosas respecto a la compra irregular de 22 hectáreas en El Ahogado, donde el Ejecutivo planeaba construir la planta de tratamiento de aguas residuales y por las cuales desembolsó 15.3 millones de pesos en 2004. No se ha tenido la propiedad del terreno, en manos del ejido El Zapote.

El 13 de julio de 2004 se celebraron dos compraventas: Alejandro Ríos Hernández vende el predio a Alberto Octavio Ríos Ramírez, administrador único de la empresa Agrodesarrollos del Pacífico (escritura 22,575), y ésta vende al gobierno del estado (escritura 22,576), con una ganancia de un millón de pesos.

El notario 42 de Guadalajara, Miguel Rábago Preciado, protocoliza el tercer acto consecutivo, en que Ríos Ramírez, administrador único de la empresa, otorga a Ernesto Ramírez Godoy y Miguel Agustín Eduardo González Torres un poder general judicial amplio para pleitos y cobranzas y actos de administración (acta notarial 22,577).

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