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Huicholes rompen con el gobierno por falsificar acta

Exigen enjuiciamiento penal a responsables del documento falso sobre asamblea que reveló Público

Maquinaria detenida en la carretera Bolaños-Huejuquilla. Foto: Iván García

Por mentir sobre carretera, piden renuncia y juicio a los representantes. En riesgo, una inversión de más de 400 millones de pesos, admite la CDI.

Agustín del Castillo – PÚBLICO

Ciénaga de los Caballos, Mezquitic – ENVIADO

Si el viento es cólera de dioses, las deidades estaban especialmente molestas la tarde del lunes, en lo alto del cerro de la Guacamaya, de la Sierra Huichola, pues un aire frío bajaba con ímpetu, levantando el polvo y atormentando los ojos de cientos de asistentes a la asamblea de la comunidad de Tuapurie o Santa Catarina Cuexcomatitlán, donde se dieron curso las iras humanas.

Allí, en el predio conocido como la Ciénaga de los Caballos, acosados por los elementos y un desgastante plantón casi a la intemperie que ya rebasa una semana, los huicholes rompieron con el gobierno.

Engaño, hipocresía, simulación de actos y de documentos son la causa de su irritación, luego de que Público reveló el pasado 16 de febrero la existencia de un documento a su vez proporcionado por la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur): una presunta acta de asamblea en que 486 comuneros habrían aprobado, el 9 de septiembre de 2007, la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, sobre 19 kilómetros de su territorio.

Un día en que no pasó nada relevante. Un día en el cual unos cuantos, que no daban para crear un quórum, se reunieron para discutir aspectos de cultura. Un día en que nadie de los indígenas reconoce haber firmado nada que sea un derecho de vía.

Por eso la irritación; y de ahí, la petición de una investigación que dé con los responsables de falsificar el acta y se les incrimine penalmente; y la exigencia de que la maquinaria sea retirada y de que las autoridades se olviden de “su” carretera, que sólo ven como instrumento de penetración cultural y económica en territorios inmemorialmente resguardados por la accidentada orografía, pero tentación irresistible para el progreso.

“Se imaginaban que habría alguna autorización, legalmente improcedente, de los miembros del comisariado de bienes comunales, pero nunca una autorización evidentemente espuria de toda la asamblea; se pasaron de la raya”, comentó un vocero de los indígenas.

Guadalupe Flores Flores, director regional de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y Francisco López Carrillo, director de la Comisión Estatal Indígena, escuchaban prudentes la retahíla de acusaciones en contra de los actores públicos, como únicos asistentes a la asamblea, luego de que el resto de los titulares de las dependencias municipales, estatales y federales se excusó de asistir a la convocatoria, o de plano no dijeron por qué no asistirían.

Pero evidentemente, como lo reveló el responsable de la CDI, se debe a que el pasado jueves 14 de febrero casi todos estuvieron, pero no los quisieron recibir.

Irónicos e incisivos, los huicholes cargaron sus baterías sobre los documentos apócrifos donde el descuido es tal que se les dice “ejidatarios” (estos documentos se pueden consultar en www.verdebandera.blogspot.com), y atiborraron de preguntas a los dos funcionarios, que se limitaron a señalar que esos textos eran responsabilidad de la Sedeur y que, si no querían la carretera, no la tendrían, y la inversión de unos 400 millones de pesos (en dos anualidades) se iría del estado.

“Las autoridades del gobierno me piden que les diga que se mantienen disponibles a una negociación, pero piden que no sea aquí [en Ciénaga de los Caballos] sino en alguna cabecera municipal, y no con toda la asamblea, porque es imposible discutir con todos”, añadió Flores Flores.

Los wixaritaris negaron cualquier posibilidad, agraviados con la mentira. “Nos engañan, y eso es lo peor, porque ya no somos niños, somos mayores de edad”. Exigieron un estudio de daños, un pago de indemnizaciones —se maneja una cifra de cinco millones de pesos—, la reforestación y restauración de las laderas abiertas que se están erosionando, la recuperación de lugares sagrados arrasados por la maquinaria, la cancelación de cualquier registro agrario que avale la documentación apócrifa, la rehabilitación de la tubería de casi 25 kilómetros que lleva agua a Los Órganos, y fue dañada por la obra.

A este planteamiento agregaron ayer martes otro: juicio político a los presidentes municipales de Huejuquilla el Alto (Miguel Ángel Medina López), Mezquitic (Ernesto de la Torre Martínez) y Bolaños (Luis Alberto Zamora Zamora), y la renuncia de los representantes de la CI y de la Comisión Estatal Indígena, los únicos que dieron la cara ese atardecer. También esperan que, muy pronto, los comuneros de San Sebastián Teponahuaxtlán —los huicholes del sur— se unan al bloqueo a la obra carretera, e incluso los mestizos del ejido forestal de Los Amoles.

Es el invierno boreal, es febrero; mes de los vientos impetuosos, en que los dioses de los wixaritaris parecen llenarse de cólera. Pero como todas las estaciones del año, también es tiempo propicio para traiciones, fingimientos o iras del hombre.

No es el único asunto a atender, asegura Fernando Guzmán

El secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, aseguró ayer que las negociaciones con los wixaritaris de la comunidad indígena de Santa Catarina no son la única prioridad del gobierno estatal, razón por la cual no se acudió a la convocatoria del pasado lunes al predio La Ciénaga de los Caballos, donde los indígenas bloquean la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla desde el pasado 11 de febrero.

Entrevistado en el programa Cosa Pública, de Radio Metrópoli, el funcionario aseguró además que no hay ninguna labor de falsificación en el acta de asamblea de la comunidad que dio conocer la Sedeur a Público, la cual sólo tiene el aval de los integrantes del comisariado de bienes comunales en esas fechas, Felipe Bautista Carrillo, Pedro Hernández Torres y Daniel Medina de la Rosa, quienes en noviembre de 2007 dejaron los cargos como presidente, secretario y tesorero de Taupurie.

Según los voceros de los huicholes, los tres fueron presionados por distintos actores gubernamentales, pero su autorización es espuria porque no hay un acuerdo de asamblea.

La carretera Bolaños-Huejuquilla, de 130 kilómetros, es una obra financiada con recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), federal, y del gobierno de Jalisco.

El primer año programó una inversión de cerca de 217 millones de pesos y para este año tendría una cantidad similar. Mientras las autoridades locales la ven como una posibilidad de combatir la marginación, los indígenas denuncian el daño ambiental, el riesgo de que la cacería y la tala clandestinas logren entrar con facilidad a sus predios, y que se dé un proceso de apropiamiento de sus recursos naturales por parte de intereses ajenos.

A estos juicios desfavorables, la realización de una “asamblea simulada” fue la puntilla, pues acusan a la Sedeur y al gobierno de incurrir en mentiras para sacar adelante sus proyectos.

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