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Jalisco podría ser sancionado por carretera


La construcción entre Bolaños y Huejuquilla no ha respetado ninguna ley. Foto: Ivan García

Agustín del Castillo – PÚBLICO

Diego Cobo Terrazas, diputado federal veracruzano por el Partido Verde Ecologista de México, señala que para el gobierno jalisciense de Emilio González Márquez no será fácil afrontar la intervención del Congreso de la Unión respecto a los daños generados por la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla.

Si se encuentran evidencias de la ilegalidad de la obra, los diputados en pleno ordenarán la instauración de las denuncias penales correspondientes ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se sancione a la Administración estatal panista; ya se tienen antecedentes de otras denuncias que han interpuesto con éxito los legisladores en los meses recientes, y que han derivado en la clausura de obras y la exigencia legal de reparaciones.

Entrevistado vía telefónica a la Ciudad de México, el representante popular dijo a Público que la intención de aprobar un exhorto –lo que se podría lograr en el curso de esta semana- no es meramente declarativa.

“Además de un exhorto, estamos haciendo una solicitud formal de información para determinar la legalidad de la obra; con base en esa información, en esos documentos, podremos actuar legalmente e interponer las denuncias”, destacó.

Dijo que los ciudadanos de Jalisco pueden estar tranquilos de que no se trata de una mera toma de posición política, de ahí que se exhorte al gobierno jalisciense a sujetarse a lo que plantea la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Pero en la construcción de esta carretera de 126 kilómetros y 400 millones de pesos de inversión programada, igual que en el caso de otras carreteras recientemente edificadas en otros sitios de Jalisco, no se ha respetado ninguna ley. Arrancaron trabajos sin autorización de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo forestal, y se violaron los derechos de propiedad de particulares y comunidades indígenas, lo cual es la materia de la denuncia penal interpuesta el pasado 22 de abril ante la fiscalía especial en delitos ambientales de la PGR por la organización no gubernamental Conservación Humana AC (Público, 11 de mayo de 2008).

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión analiza desde el pasado 21 de mayo un exhorto propuesto por Diego Cobo Terrazas en torno a las denuncias de violaciones a las leyes ambientales y los derechos individuales y colectivos supuestamente cometidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) en el proyecto carretero (ver edición del 25 de mayo de 2008).

La propuesta central es que “la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, para que todas las obras y actividades que se realicen para proyectos carreteros, sean con estricto apego a la normatividad ambiental estatal y federal vigente”.

Además, se pide al gobierno de Emilio González Márquez “informe del análisis costo-beneficio del proyecto en la determinación de impacto, valoración y propuesta de medidas de mitigación y del estudio de factibilidad que se presentaron para el proyecto de ejecución de la obra, así como del documento(s) donde se evaluaron las consideraciones que conforme a su competencia correspondan”.

También debería entregar la “documentación que ampare la legalidad de las obras y actividades desarrolladas hasta la fecha, correspondientes al tramo carretero Bolaños – Huejuquilla El Alto, en el que se incluyan, los estudios de impacto ambiental, la autorización de cambio de uso de suelo y el [los] permiso de aprovechamiento forestal”

– Claves
Lo que no se hizo

• Para ser legal, la obra carretera Bolaños-Huejuquilla requería de cuatro elementos básicos: I. Una autorización en materia de impacto ambiental; II. Cumplir con las condicionantes de la autorización de impacto ambiental; III. Una autorización de cambio de uso de suelo forestal; IV. Una autorización de aprovechamiento forestal. Esto, independientemente de la obligación de respetar los derechos de propiedad y los individuales, para los cuales, la ley prevé diversos instrumentos de negociación y de compensación

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