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Jardel alerta por la precariedad del bosque


La ley federal debe respetarse, insiste el investigador de la Universidad estatal.

Agustín del Castillo – PÚBLICO

El proceso en el que se destituyó a Salvador Mayorga Castañeda y del que emergió José Luis Gámez Valdivia revela “la fragilidad y precariedad del área natural protegida cuando se trata de presiones externas; hay una extrema debilidad de la conservación en ese sentido”, advirtió el experto forestal de Manantlán, e integrante del Consejo Consultivo de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, Enrique Jardel Peláez.

De hecho, el especialista opinó que el modelo de gestión de La Primavera en malas condiciones de funcionalidad afectará a cualquier director, lo cual obliga a establecer los cambios pertinentes en el gobierno que den un verdadero respaldo al director ejecutivo.

Sin embargo, estimó que el proceso del cual emerge Gámez Valdivia está viciado, pues debió someterse a lo que señala el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas, pues se trata de una reserva federal. En la sesión de ayer, solamente Ismael Sánchez, de la organización no gubernamental Fomento y Protección del Bosque La Primavera, hizo suyos esos planteamientos de presunta ilegalidad y pidió más tiempo para analizar a los aspirantes, pero el titular de la Seder, Álvaro García Chávez, le dijo que la elección era un acuerdo tomado desde la sesión anterior y que por ser un área protegida coadministrada, no aplica obligatoriamente el reglamento federal.

Jardel opinó que “hay intereses económicos que amenazan a La Primavera, que tiene el riesgo de ser devorada por fraccionamientos o por proyectos ecoturísticos […] este camino puede convertir a una reserva mundial de la biosfera [reconocida así por la Unesco] en un parque urbano”.

Insistió en que el papel de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) es omiso, porque es la entidad que debe garantizar los objetivos del decreto de 1980, que pone en primer lugar los intereses de una población de 4.2 millones de personas, por sobre la especulación de actores privados.

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