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Los Colomos: narco, mentiras y terrenos

 

Simulación de escrituras, compraventas fraudulentas y lavado de dinero forman parte del historial de una propiedad pública en la zona más codiciada de la ciudad, que ahora el gobierno hace intentos por recuperar.


El área de avenida Acueducto. La zona tenía un alto valor por sus recursos hídricos; hoy depende principalmente del mercado inmobiliario. Foto: Marco A. Vargas

Por Agustín del Castillo

17 de junio de 2008.- La historia del rancho El Gorupo, enclavado en lo que hoy se conoce como Los Colomos III, sería un ejemplo de cómo el hombre a veces triunfa sobre las leyes universales de la física: su comprador de 1962, Melquíades Orozco Vázquez, logró el prodigio de hacerlo crecer de tres hectáreas originales a 30. Hace apenas dos años, sus descendientes lo llevaron a 33 hectáreas.

Hoy se sabe que esta sorprendente expansión de la materia no fue tal. Notarios diligentes se encargaron de “corregir” las escrituras y asentar la propiedad sobre el área pública, en la zona inmobiliaria más codiciada de la ciudad.

Gracias a esa paciente labor empresarial, el narcotraficante Rafael Caro Quintero pudo adquirir una fracción de casi 20 ha de El Gorupo (escritura pública 19,718), el 13 de enero de 1984, ante la fe del notario 55, Alberto Farías Martínez. Allí comenzó a edificar un proyecto faraónico que incluía un zoológico, caballerizas y lago artificial, además de una gran finca con aspecto de templo griego, ejemplo conspicuo del Art narcó.

Toda esta abierta actividad, bajo la mirada fascinada de buena parte de las elites tapatías, que abrieron sus puertas a las carretadas de dinero provenientes de actividades ilegales del cártel de Sinaloa, cuyos capos más prominentes huían a Jalisco de la agresiva Operación Cóndor del Ejército mexicano, ejecutada a partir de 1977 en ese estado del noroeste. A partir de entonces, a la agrupación criminal resultante de esa migración se le llamaría cártel de Guadalajara.

Pero el pequeño paraíso del célebre mafioso duraría poco, tras su detención en Costa Rica el 4 de abril de 1985 por el asesinato y la tortura del agente de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique Camarena Salazar, y el secuestro de la tapatía Sara Cosío. La Procuraduría General de la República (PGR) decomisó sus bienes, y los predios en torno a la avenida Acueducto quedaron en el olvido.

De forma insospechada, pocos años después, estos baldíos regresaron a la especulación: recuperados tras arduo proceso por los abogados del sinaloense, los terrenos terminarían de “limpiar” su doble origen ilegítimo con la venta a terceros. Hoy se ubican allí los exclusivos fraccionamientos Zoto Grande [sic] y La Reserva, además del templo católico de San Juan Masías, que tiene su propia historia. Los precios actuales por metro cuadrado en el área rondan los diez mil pesos, los más elevados de la metrópoli.

La huella de Caro Quintero ha sido casi borrada; la de las invasiones a la propiedad pública, no.

• Una investigación del gobierno estatal señala varios negocios como casos de posesión ilegal.
Foto: Marco A. Vargas

1895: protección de cuencas

En los enredos legales por Los Colomos, un dato es esencial: todas las escrituras de los invasores de la zona remiten a actos jurídicos y escrituras que no van más allá de 1934. Los títulos que posee el gobierno de Jalisco comienzan en 1891, y se adquieren a partir de 1897. Esto alude a una premisa jurídica básica: el primero en tiempo es primero en derechos. Pero además a una segunda, no menos contundente: la propiedad pública es inalienable, imprescriptible e inembargable. Es decir, su invasión no crea derechos.

El gobierno se hace de esos predios para asegurar el agua a la perla tapatía. “El 6 de diciembre de 1895, el Ayuntamiento de Guadalajara, en reunión de cabildo, acordó dirigirse al gobernador con el propósito de solicitarle la concesión de los manantiales y las corrientes llamadas El Colomo Grande, así como la autorización de desviar hacia la capital, en caso necesario, en arroyo del referido nombre y la expropiación de los terrenos necesarios para levantar edificios, depósitos y acueductos o canales”, señala Luis Basich Leija en Plan para la conservación de los acuíferos de Los Colomos para su mejor aprovechamiento en el abastecimiento de agua (1971, Descripciones Jaliscienses, El Colegio de Jalisco).

Tanto el Ayuntamiento de Zapopan como las fábricas de textiles de Atemajac, La Experiencia, El Batán y el Molino del Salvador se opusieron al planteamiento (temiendo escasez de agua), pero, vencida la resistencia, el gobierno comenzó a adquirir predios. La primera compra fue el 10 de abril de 1897, a la señora Peña de Guevara (sic), 5.28 hectáreas, registrada ante el notario 14, Juan S. Castro (Análisis y diagnóstico de la tenencia de la tierra en la cuenca de Los Colomos, Secretaría de Desarrollo Urbano, 1999).

Las propiedades compradas pertenecían a María Gil Romero, Manuel Fernández del Valle, Mercedes Torres de Rosales, Miguel Rosales Cortés, Francisca Jiménez Ontiveros, Luis Castellanos y Tapia, Amado Vidrio y la propia Peña de Guevara; también se dieron permutas de superficie con José Verea, dueño de la hacienda La Providencia, la cual, según dijo a este diario Enrique García Becerra, investigador del Departamento de Geografía de la UdeG, era un complejo de propiedades que no fueron adquiridas con fines productivos, sino a futuro, para el desarrollo urbano, lo cual hace a Verea un visionario de los negocios inmobiliarios.

 

A este patrimonio público heredado por los gobernadores Luis Curiel y Miguel Ahumada, el gobierno localiza una nueva adquisición de predios, por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, el 7 de mayo de 1920 (registrado por el notario Arnulfo M. Matute en esa fecha, anexo 134).

Así se integra la propiedad pública original. En 1999 había dudas sobre su extensión, pues muchas escrituras están planteadas en fanegas (una fanega equivale a 6,459.6 metros cuadrados) y sus linderos eran mojoneras y descripciones geográficas que se han modificado. Hay versiones de que el terreno público total original era de 248 ha.

Sin embargo, un cuidadoso análisis cartográfico elaborado por la propia Sedeur a partir de 2004 arrojó los datos oficiales: 198.55 hectáreas en dos grandes poligonales.

El primer poligonal corresponde a Los Colomos I y II, El Colomo Grande (16.8 ha), Los Colomos de María Gil (6.97 ha), Loma del Colomo (2.82 ha), Miguel Rosales (40.4 ha), El Chochocate (16.5 ha), excedencia de El Chochocate (39.2 ha), y tres permutas con el señor José Verea (que suman poco más de 17 ha). Al total de 139.8 ha, se le deben restar poco más de 23 ha cedidas a José Verea, para totalizar 116.7 ha.

En Los Colomos III, es la suma de los predios La Coronilla (3.56 ha), Campana del Tabardillal (37.3 ha), Loma de los Coyotes (24.6 ha) y Los Coyotes (16.4 ha), para totalizar 81.85 ha.

Con el paso de los años, sobre todo medio siglo a la fecha, 26.7 ha del primer poligonal y 40 ha del segundo fueron invadidas. Los intentos gubernamentales para poner orden y detener las invasiones fueron, en el mejor de los casos, tímidos.

• El panorama de Acueducto luce un notorio éxito de los comercios.
Foto: Marco A. Vargas

1962: las invasiones

La escritura pública 434, del 20 de marzo de 1962, ante la fe del notario público 48, José García Delgadillo (inscripción 133, página 280 del libro 791, sección primera de la segunda oficina del Registro Público de la Propiedad), acredita la compra de Melquíades Orozco Vázquez del terreno rústico “denominado El Torreón y San Ramón, conocido también como Loma del Callejón y actualmente como Rancho el Gorupo”, con una extensión de tres hectáreas (una anotación marginal revela que la fracción vendida forma parte de un superficie total de 30 ha), cuya historia registral data aparentemente de 1934.

Melquíades Orozco solicitó rectificación de superficie, aludiendo error en la escritura. Es decir, no eran tres sino 30 ha (documento 15 del libro 2,354 de documentos generales de la segunda oficina del RPP). Ya con ese logro, vendió a Guillermo Brocmann Obregón y socios 25.7 ha (escritura pública 3,094, 16 de junio de 1969, notario 65, Carlos Luviano Jaramillo).

19.7 de esas hectáreas pasaron a propiedad de Caro Quintero, el cual las perdió temporalmente. Pero el 6 de septiembre de 2000, la escritura 6,111 (del notario 50, Guillermo Conrado Figueroa) acredita la venta de 15.7 ha del predio por parte del propio narcotraficante, operación a cargo de su representante Juan Carlos Aguado Madrigal, a favor del grupo constructor Segundo Milenio SA de CV.

El 5 de diciembre de 2003 (escrituras públicas 10,221 y 10,222 del notario 16 de Zapopan, Arturo Zamora Jiménez), se acredita la transmisión de las áreas de vialidad y de cesión para el desarrollo Zoto Grande.

De las propiedades estatales que detentó el miembro del cártel de Guadalajara entre 1984 y 2000, además del fraccionamiento citado, se derivan también los condominios La Reserva (escritura 523 del 17 de diciembre de 2003, notario 98, Manuel Cárdenas Ortega), de 6,911 m2.

Pero los descendientes de Melquíades Orozco no se conformaron con pasar de tres a 30 ha. El 6 de diciembre de 2006, Amparo Meneses viuda de Orozco solicitó una nueva rectificación de la superficie, a 33 ha, la cual se autorizó, según el documento 38, libro 10,634 del RPP.

Otras invasiones en Colomos III (que suman 40 ha) no tienen un pasado tan espectacular; son actos jurídicos considerablemente más recientes que sólo por descuidos podrían ser mejores que los títulos públicos. En algunos casos ni siquiera se ha detectado al invasor. Pero la investigación de la Secretaría General de Gobierno señala nueve actos de posesión ilegal, que incluyen los fraccionamientos Pontevedra, Real del Bosque, La Reserva, una fracción de Puerta de Hierro, la escuela Greenlands, iglesia católica de San Juan Masías, Plaza Andares (parcialmente) y agencia automotriz Mazda Acueducto, así como los particulares Corporativo Egyro, María del Rosario Lindoro Guerrero, Andrés Estrada Briseño, Marcela y Griselda Muñoz Morfín.

Las evidencias jurídicas abrumadoras no han impedido que estos espacios tengan licencias municipales en regla por parte de Zapopan.

En Los Colomos I y II se registran trece invasiones: fraccionamiento Rincón de Los Colomos, fraccionamiento Villas Colomos, Fernando Castillo Carrillo, Mario Martín del Campo, Jesús Oropeza Preciado, Yamel Gómez Márquez, club deportivo Atlas Colomos, constructora Rodríguez y Torres, y el reciente caso de Retorno del Torreón, de Oromont Inmobiliaria Sociedad Civil, con ocho presuntos codueños. También favorecidos con permisos municipales (de Zapopan y Guadalajara), ninguna de las escrituras de este grupo se remontan más allá de 1949.

La materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma, dice el principio de Lavoisier. En Colomos no es la excepción: las tierras que fueron adquiridas a partir de hace 111 años para preservar el agua de la ciudad simplemente han sido invadidas para negocios fabulosos en una madeja de mentiras, fraudes e historias oscuras que no excluyen lavado de dinero del crimen organizado

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