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Piden organizaciones ambientalistas establecer una veda en el río Santiago

JORGE COVARRUBIAS – LA JORNADA JALISCO

El Colectivo de Organizaciones Civiles Ambientalistas exigió al gobierno de la República, al del estado y al Congreso local, así como a presidentes municipales de la Zona Metropolitana que reconozcan la contaminación del río Santiago con metales pesados.

En rueda de prensa, la titular del Instituto de Derecho Ambiental, Raquel Gutiérrez Najera, solicitó que se establezca una veda a los afluentes del río para que no se le dé ningún uso.

“La autoridad no quiere reconocer la grave contaminación del río Santiago, porque se le cruza con el proyecto de Arcediano, no encontramos ninguna otra respuesta lógica”, acotó.

Los representantes de las organizaciones que integran el colectivo coincidieron en que la muerte del niño Miguel Angel trajo a la mesa la discusión de la calidad del agua del río Santiago, aunque desde enero de 2003 la sociedad organizada difundió en diversos foros con pruebas fehacientes la grave contaminación y la imposibilidad de éste para constituir una fuente segura de abastecimiento.

El río Santiago, precisó Najera, perdió su capacidad de renovarse debido a las descargas residuales que por más de 30 años han arrojado las industrias.

Entre sus peticiones está una auditoría a las autorizaciones realizadas por los presidentes municipales de El Salto, Juanacatlán, Tlajomulco de Zuñiga y Tonalá para la construcción de viviendas en los márgenes del río; reubicación para las comunidades de La Azucena, El Muelle y las escuelas de ambos municipios; que se implemente un programa correctivo a las empresas del corredor industrial para que apliquen circuitos cerrados de uso de sus aguas tratadas; que se cancele de manera inmediata y por tiempo indeterminado el proyecto de Arcediano, hasta en tanto no se asegure que el agua del río es limpia y potable.

Se solidariza

Las organizaciones dieron a conocer una carta de pésame del Tribunal Latinoamericano del Agua por la muerte de Miguel Angel, dirigida a la Secretaría de Salud, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría General de Gobierno y Comisión Estatal de Agua.

“El Tribunal Latinoamericano del Agua considera que más allá de las posibles disputas que pueda suscitar ese lamentable suceso, conviene recordar el compromiso de las autoridades gubernamentales de garantizar un medio ambiente sano para sus habitantes. En este sentido, nos permitimos recordarles que el Tribunal ofreció también sus auspicios para la realización de un foro sobre la viabilidad del proyecto Arcediano, al cual sólo asistieron representantes de la Universidad de Guadalajara”, dice un extracto de la carta que leyó Mónica Pérez Taylor, activista de una de las organizaciones.

Amparos colectivos

Informaron que el viernes acudirá una representación a la ciudad de México para exigirle a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que revoque el acuerdo de 2003 en el que autorizó la construcción de la presa Arcediano, con tres pruebas fundamentales: el estudio de la Universidad de Guadalajara sobre la contaminación de los ríos Verde y Santiago del año 2006, el informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) del año 2007 y la documentación de la muerte del niño Miguel Angel López Rocha.

En el mismo evento se exigirá la solución de fondo de los nueve amparos interpuestos por la familia Lara Lara, y posteriormente se entrará a una etapa en la que alentarán la presentación de amparos colectivos en contra de la construcción de la presa Arcediano y en contra del uso para consumo humano de las aguas del río Santiago a los más de 3 millones de habitantes de la zona conurbana de Guadalajara.

“Estamos pidiendo que se recabe la siguiente documentación apoyándonos en las mesas directivas de colonos, las que estén de acuerdo previamente, y en los representantes que vayan surgiendo en colonias y pueblos, primero; el recibo del agua, la boleta predial, copia de la credencia de elector, comprobante de domicilio, que se presenten primero en sus colonias con sus representantes, o de 5 a 7 de la tarde en las oficinas del Instituto de Derecho Ambiental ubicadas en la calle Nuez 1714, segundo piso colonia Las Torres”, indicó Pedro León Corrales, miembro del colectivo.

Asimismo, solicitarán al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que la Procuraduría General de la República nombre a un fiscal especial para que esclarezca la muerte de Miguel Angel.

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