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Planta de tratamiento de aguas deberá garantizar la vida de peces en el río Santiago

Juan Carlos G. Partida – LA JORNADA JALISCO

El cumplimiento de la recategorización del río Santiago a tipo C, una de las normas ambientales más severas del país y que debe permitir la existencia de peces en las aguas, obligará a que el ya de por sí pospuesto proyecto para iniciar la planta de tratamiento de aguas residuales en El Ahogado, la más pequeña de dos instalaciones proyectadas por el gobierno estatal y que en teoría darán tratamiento a las aguas de toda la zona metropolitana, deba también tomar en cuenta tiempo y recursos extra para lograr que los residuos líquidos tratados vayan más allá del uso agrícola con que ahora el contrato obliga al ganador de la licitación.

La Comisión Estatal del Agua (CEA) reconoció el tercer atraso en la licitación para la planta de tratamiento de aguas residuales en El Ahogado, mientras su multimillonario subejercicio presupuestal, el más alto del gabinete estatal, sigue en el congelador. Si todo marcha bien, ahora será hasta el 16 de marzo próximo cuando comenzaría la construcción, que tardaría no menos de tres años.

De acuerdo con el calendario original, la fecha para dar a conocer el acta de fallo era el 17 de este mes, aunque apenas van en la recepción de proposiciones que debió haberse presentado el 19 del mes pasado.

Además del poco interés generado a lo largo del año para las empresas en obtener una licitación tan complicada, el riesgo financiero se cierne como enemigo que preocupa al gobierno estatal. En el comunicado donde admite que se recibirán propuestas mañana martes 21 de octubre (en la convocatoria en compranet.gob.mx está marcado el 19 de septiembre como día límite), la CEA también señala que “ante la incertidumbre generada en el sistema financiero, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), a través de oficio a esta Comisión, ofrece certeza financiera a la empresa que resulte ganadora en el proceso de licitación antes citado”.

Y agrega: “Banobras hace del conocimiento de los participantes en el proceso de licitación del proyecto, su interés de financiar a la empresa que resulte ganadora del contrato de prestación de servicios, a fin de proporcionar una opción viable de crédito que contribuya al desarrollo del proyecto…”, dice el documento firmado por el director de Proyectos de la institución crediticia, Daniel Robles Ferrer, de acuerdo con la CEA.

Los recursos para construir la planta se deben obtener del Fondo Nacional de Infraestructura que aportará un monto de hasta 410.4 millones de pesos a fondo perdido y el ganador de la licitación aportará al menos un 25 por ciento del monto de su propuesta como capital en riesgo y el resto mediante crédito estructurado para el financiamiento del proyecto, previendo una recuperación de inversión en 20 años. Un negocio que representa un riesgo fuerte en estos momentos de turbulencia financiera.

En términos generales y de acuerdo con las bases de la convocatoria, la planta El Ahogado tendrá la capacidad para sanear 2 mil 250 litros de agua por segundo que una vez tratada podría ser utilizada en riego agrícola, para uso industrial y hasta para contribuir a la recuperación del nivel de la laguna de Cajititlán. Sin embargo, solamente el contrato definitivo, en su noveno punto, tiene las especificaciones exactas de la calidad del agua; el contrato no está disponible en las páginas electrónica de Compranet ni de la CEA.

La secretaria del Medio Ambiente estatal, Martha Ruth del Toro, dijo la semana pasada desconocer si la planta de El Ahogado tiene previsto también el proceso secundario indispensable para generar descargas a un cuerpo de agua que como el Santiago fue recategorizado a tipo C. Señaló que para lograr esa calidad de agua cualquier planta de tratamiento debe añadir procesos que el común de las que se construyen no son incluidos.

En entrevista, recordó que en estos momentos al Santiago se vierten aguas con 150 miligramos de sólidos suspendidos totales por litro, pero la medida tomada por los diputados federales obligará a que el nivel no supere los 40 miligramos, lo que a su vez hará necesario “grandes inversiones en plantas de tratamiento” y, ante la dificultad para que todos estén listos a tiempo en menos de tres meses –el decreto correría a partir del primero de enero– , el pago de derechos a las instancias federales para que esos recursos sean utilizados en el saneamiento de aguas residuales será también un acicate para que lo más pronto posible se cuente con la tecnología limpiadora.

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