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“Regresión autoritaria en las áreas protegidas”

Lo social perdió importancia para la conservación, señala Enrique Jardel

Autlán. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) cumple con un papel fundamental en la gestión de la conservación en México y, sin duda, se deben reconocer sus logros. El problema es que éstos se ven opacados por la “regresión autoritaria” y la deficiente gestión que padece el manejo de muchas reservas en el país, incluida Manantlán, advierte Enrique Jardel Peláez.

Este morelense de nacimiento, asentado hace más de 20 años en Autlán como parte del proyecto Manantlán que se gestó en la Universidad de Guadalajara, es hoy reconocido como uno de los más prominentes forestales del país, y no es casualidad que forme parte del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuerpo de expertos conformado por autoridades, académicos, científicos, sociedad civil e iniciativa privada que asesora en la toma de decisiones a la autoridad ambiental.

Jardel Peláez asegura que “la cuestión de fondo tiene que ver con lo que podemos llamar una regresión en la gestión no sólo de la reserva en Manantlán, sino de las áreas protegidas en general […] una tendencia a volver a formas de gestión autoritaria de las áreas protegidas, centradas en protección de la naturalezam poniendo en segundo plano los objetivos de desarrollo, y una vuelta a la confrontación, dejando a un lado las relaciones de colaboración”.

Reconoce: “Si comparamos la situación actual con la que prevalecía a principios de los años ochenta […] ha habido muchos avances concretos: se amplió la superficie con decreto de área protegida, aumentó su representatividad de los diversos ecosistemas del territorio nacional, se elaboraron programas de manejo y se dotó a las áreas protegidas de condiciones —personal, infraestructura, financiamiento— para su protección y manejo efectivo en el terreno, para que no fueran sólo áreas protegidas de papel”.

Sin embargo, esto coexiste con “muchos problemas no resueltos y que se recrudecen en medio de la crisis crónica que afecta al campo mexicano […] Las áreas protegidas no son islas donde pueda construirse una relación sociedad-naturaleza armónica en un contexto caracterizado por un proceso que va justamente en el sentido contrario de lo que propone el concepto de desarrollo sustentable…”.

Así, insiste en su señalamiento sobre el retorno a la “mentalidad de plaza sitiada”, que es “considerar que la conservación consiste en aislar a los parques y reservas para protegerlos de amenazas, controlando su manejo por una instancia gubernamental protectora, concentrándose en proteger los espacios considerados como naturales o silvestres, las especies raras o en peligro, y los sitios con alta biodiversidad; excluyendo en la medida de lo posible a la población local, sin tratar de transformar las condiciones sociales de gestión del territorio y los recursos naturales en su entorno; sectorizando la tarea de la conservación en lugar de buscar la integración de ésta con las políticas públicas de desarrollo”.

El otro aspecto de la regresión “es la tendencia a reforzar el papel de una agencia gubernamental bajo un enfoque de ‘comando y control’. Desde esta perspectiva, la agencia es la que dirige las acciones basándose en criterios burocráticos y tecnocráticos, controlando un territorio que, sin embargo, tiene dueños —comunidades agrarias, propietarios particulares— , reduciendo la participación a la mera consulta y a la ejecución de proyectos diseñados y dirigidos desde arriba, e imponiendo normas y reglamentos”.

Esto contrasta con un enfoque de gestión “basado en la colaboración y en la participación efectiva de otros actores que, finalmente, son los verdaderos gestores del territorio y los recursos naturales”.

—¿La representación social se ha perdido?


—Los consejos asesores mantienen la representación de los presidentes de los comisariados de los ejidos y comunidades indígenas, así como de los ayuntamientos. No se puede decir que la representación se ha perdido, pero que sí se ha limitado —no hay representación, por ejemplo, de las organizaciones indígenas—, y sobre todo, lo que es el tema de diferencia con la Conanp, es la limitación de los Consejos a simples órganos de consulta, cuando se esperaría que participen en la planeación y evaluación, como parte de un mecanismo democrático de participación y de rendición de cuentas.

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