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Unificar las luchas dispersas en el país, la mejor respuesta a los conflictos ambientales

Angélica Enciso – Raúl Torres . La Jornada Jalisco

Ante la represión y el acoso contra los movimientos que oponen resistencia a los proyectos que afectan los recursos naturales y provocan el despojo del territorio de cientos de comunidades en el país, los participantes en la Cuarta Asamblea de Afectados Ambientales acordaron proponer un sistema de identificación de gravedad de la devastación ambiental y del acoso y represión que enfrenten las comunidades.

Este “semáforo de la resistencia ambiental” del país señalará con una luz roja cuando las comunidades estén bajo acoso o represión oficial en un ambiente de degradación ambiental. La luz amarilla advertirá sobre riesgos de contaminación y la luz verde dará cuenta de casos de organización ecológica comunitaria exitosa.

Ayer en el cierre de la Asamblea, participaron 266 delegados de 119 comunidades que se pronunciaron por demandar la cancelación de las órdenes de aprehensión a los habitantes de la Gloria en Perote y el cese del hostigamiento a quienes defienden el medio ambiente.

Concluyeron que la unidad es la mejor respuesta ante los conflictos ambientales que ocurren en el país y que es necesario unificar las luchas que están dispersas. También consideraron necesario establecer vínculos de colaboración con instituciones académicas como la UNAM y la Universidad de Guadalajara.

“Solidarizarse con los otros afectados ambientales es formar parte de, ser parte de, retomar nuestras distintas luchas, aprender unos de otros para llevar adelante propuestas, que es lo que debe salir de acá (la Asamblea de Afectados Ambientales). Es integrar los movimientos, escucharlos y hacerlos fuertes para hacer que tengan más posibilidades de ganar, de otra manera es difícil; es difícil integrar una estructura y muchas veces no puede salir ésta de una única asamblea, pero sí se tiene que buscar llegar a procesos de integración de luchas. Eso significa la solidaridad y la solidaridad es mutua”, consideró Rodolfo Chávez Galindo, miembro del movimiento que se opone a la construcción de la presa de La Parota, en Guerrero.

Los integrantes de la Asamblea manifestaron su rechazo a la pretensión de la empresa Monsanto de cultivar maíz transgénico en diversas regiones del país y defendieron al maíz nativo; rechazaron los megaproyectos carreteros en Puebla y acordaron que la próxima asamblea será en La Gloria en noviembre próximo.

En esta asamblea el tema recurrente fue el de las Granjas Carroll y señalaron que esta “empresa lo único bueno que ha dejado es la contaminación por la producción de más de un millón de puercos y la influenza, porque allí fue donde se presentaron los primeros casos de esa enfermedad”.

En rechazo a la construcción de presas porque con ellas deberán dejar las comunidades y tierras de las que son originarios, miles de personas de Guerrero, Jalisco y Oaxaca determinaron unirse para enfrentar la imposición de proyectos. Se trata de cuatro grandes planes en los que la resistencia lleva alrededor de seis años.

El proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota sobre el río Papagayo en Guerrero afectará 36 poblaciones en cinco municipios. En este caso los ejidatarios, que rechazan ser desplazados de sus localidades, han comprobado que se pretende construir ilegalmente ya que no tiene todos los permisos y han ganado los juicios en contra del plan.

En Jalisco están los planes de las presas Arcediano, que se prevé se comience a construir después de la actual temporada de lluvias, y Zapotillo, que desplazará a las comunidades Temacapulín, Palmarejo y Acasico donde residen unas 700 personas,

“Los afectados por esas obras no aceptamos desaparecer bajo las aguas de la presa El Zapotillo, programada para abastecer a los industriales de León, cuando en esa región de Guanajuato hay cuatro presas inutilizadas”, señalaron en una carta que el pasado 19 de marzo enviaron al presidente Felipe Calderón y que fue firmada por centenas de personas y organizaciones.

En Oaxaca está en marcha el plan de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina que incidirá en 17 mil personas en forma directa y 97 mil indirecta, originarias de pueblos chatinos y mixtecos de la costa de Oaxaca, detalla la carta que fue presentada por Rodolfo Chávez del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota.

Ante el argumento de que se oponen al desarrollo, “les respondemos que si un proyecto no toma en cuenta la vida, la integridad de los pueblos, nuestros recursos naturales, y si no se basa en el derecho y la justicia, no es desarrollo. Nadie puede planear el despojo de comunidades enteras donde viven los más pobres, para satisfacer sus intereses personales. Esto no lo aceptaremos de ningún modo”, indican en la carta, en la cual también demandaron al jefe del Ejecutivo la cancelación de los proyectos.

Durante la sesión plenaria, los delegados y observadores acordaron continuar con la organización horizontal y rotativa de las asambleas.

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